En la construcción de una ciudadanía digital, las TICx, sobre todo la Web, son aplicadas por los gobiernos para ofrecer a sus ciudadanos servicios que mejoran la calidad de la gestión pública. Desde este punto de vista, las políticas públicas definen un e-gobierno que se entiende como acceso pleno que apunta a solucionar disparidades tecnológicas y educativas. Pero, a su vez, frente a la importancia que la Web y redes sociales tienen en la movilización y difusión de información (por ejemplo: primavera árabe, RAWA) entre disidentes, los
gobiernos aplican estructuras de control, desde la censura en el acceso a contenidos de la red hasta el encarcelamiento de ciberactivistas. En países como Venezuela, la nueva estrategia de los regímenes autoritarios se relaciona con
la manipulación y propaganda en línea, más que con el bloqueo duro (aunque
todavía ciertos países aplican una restricción severa). Hablamos de censura
política cuando un gobierno trata de ocultar, distorsionar o falsear la
información que sus ciudadanos reciben, por exclusión o represión de la
política de prensa, evitando así que el público se informe a través de agencias
de noticias.
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